Oviedo, P. R.
El acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España y de la Generalitat sobre la devolución a Cataluña de los documentos de esta última autonomía relativos a la Guerra Civil española y depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca, ha supuesto, desde enero de 2006, el traslado a Barcelona de 2.100 cajas. Muchos de los papeles que viajaron en esas cajas pertenecen al patrimonio documental de Asturias, según advirtió, sin éxito, en 2008 la dirección del Archivo Histórico de Asturias al Gobierno socialista de Álvarez Areces y ha denunciado en LA NUEVA ESPAÑA el investigador salmantino Policarpo Sánchez.
La Generalitat catalana trabaja estas semanas intensamente en la selección de la última entrega de la documentación para culminar la devolución antes de las elecciones del próximo 20 de noviembre. Entre esos documentos se encuentran más papeles de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona y del Centro Asturiano de la capital catalana, las dos organizaciones asturianas que, por decisión del Ministerio de Cultura, pasarán a ser patrimonio documental catalán.
El Gobierno asturiano hizo pública una nota el pasado sábado en la que se informaba del envío de una carta al Ministerio de Cultura, por parte del consejero de Cultura, Emilio Marcos Vallaure, exigiendo «con la máxima rapidez» explicaciones sobre lo sucedido e informando de que Asturias reclamara al Archivo de Salamanca todos sus documentos allí depositados sobre la Guerra Civil.
Además de los papeles de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona -fundada por los militantes del PSOE que salieron de Asturias en octubre de 1937-, que presidió José Barreiro, y los del Centro Asturiano, la Generalitat ha reclamado expedientes de particulares asturianos sin ninguna relación con Cataluña y cajas del PCE en las que también hay papeles asturianos. La mayor parte de esos documentos se trasladaron a Cataluña el pasado 20 de julio. Tanto los responsables del PSOE como los del PCE han manifestado su deseo de que la documentación de ambas organizaciones permanezca unida en un único archivo documental.
Aragón, otra de las comunidades afectadas, ha reclamado al Ministerio de Cultura información sobre el patrimonio documental aragonés trasladado a Cataluña. «Pero si persisten en la legalidad del envío, habrá que utilizar la vía jurídica», declaró el director general de Patrimonio, Javier Callizo, al periódico «Heraldo de Aragón».
El anunció de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, realizado el pasado sábado en Salamanca, de que próximamente también se enviarían a Cataluña los documentos que corresponden a la oficina que durante la Guerra Civil estuvo instalada en Vinaroz (Castellón), ha hecho que vuelvan a saltar las alarmas. Sinde añadió que todo el traslado se está haciendo «conforme a la ley», pero la pasada semana destituyó a la directora del CDMH por «pérdida de confianza».
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